Hoy en día, pedir una cita médica, consultar una pensión, hacer un trámite bancario o ver el rostro de un nieto que vive lejos pasa obligatoriamente por una pantalla. Para muchas personas adultas mayores, esa pantalla es una puerta abierta al mundo. Para otras, lamentablemente, es un muro infranqueable.

En Costa Rica, el 86 % de las personas de 60 años y más usa internet o dispositivos electrónicos. Sin embargo, usar no es lo mismo que decidir.

La verdadera autonomía digital es poder navegar por el entorno virtual por cuenta propia, con total seguridad y sin depender de terceros para cada clic. Además, esta brecha no es pareja: las mujeres mayores enfrentan aún menos acceso a internet y a los dispositivos.

¿Qué significa quedar fuera de la red?

Quedar excluido del entorno digital no es solo un inconveniente técnico; tiene un impacto profundo en la calidad de vida:

• Pérdida de independencia: Depender de otras personas para gestiones íntimas y cotidianas.
• Falta de privacidad: Exponer datos sensibles sobre el dinero y la salud.
• Aislamiento social: Quedar al margen de la vida familiar y comunitaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desconexión alimenta un aislamiento que afecta hasta a 1 de cada 3 personas mayores, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y muerte prematura.

A esto se suman los riesgos dentro de la red. Las estafas telefónicas y electrónicas dirigidas específicamente a personas mayores —incluso de 85 a 90 años— siguen provocando pérdidas millonarias.

«Si una persona mayor no puede hacer un trámite, pagar un recibo o hablar con su familia por el celular por su cuenta, el problema no es su edad: es que la tecnología no se pensó para ella. Eso no es modernizar, es dejar gente por fuera. Lograr que la tecnología sea fácil y segura para las personas mayores es tarea de todos».

Sí se puede: Inspiración internacional

La exclusión no es un destino inevitable. Ya existen ejemplos en el mundo que demuestran que el cambio es posible con voluntad política y social:

• Uruguay (Programa Ibirapitá): Desde 2015 ha entregado más de 282.000 tablets y 77.000 celulares a personas jubiladas, incluyendo planes de datos y talleres de formación.
• España: Una movilización ciudadana impulsada por un médico jubilado logró que la banca ampliara la atención presencial y ofreciera un trato preferente a los adultos mayores.

En nuestro contexto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 9394) reconoce el acceso a las tecnologías de la información como parte fundamental del derecho a la accesibilidad. No es un favor, es un derecho.

Un llamado a la acción: Asumamos nuestra parte

Desde CONAPAM, como ente rector en materia de envejecimiento y vejez, convocamos a todos los sectores de la sociedad a asumir su corresponsabilidad:

• Empresas de tecnología y telecomunicaciones: Diseñen con las personas mayores, no solo para ellas. Se necesitan letras legibles, pasos simples y siempre una persona real al otro lado de la línea.
• Banca y comercio: Refuercen con urgencia los protocolos antifraude y mantengan la atención presencial y preferente.
• Instituciones públicas: Digitalicen sus servicios, pero sin cerrar la ventanilla. Ningún derecho fundamental debería depender de saber usar una aplicación.
• Universidades, municipalidades y organizaciones: Lleven la alfabetización digital directamente a los barrios, centros diurnos, territorios rurales e indígenas.
• Familias y comunidad: Enseñen con paciencia. Acompañen en el aprendizaje sin quitarle a la persona la oportunidad de presionar el botón por sí misma.